Actualidad, Energías Renovables, Política

El Decreto de Fomento de Renovables, que crea un certificado para edificación, en vigor en tres meses

El Decreto de Fomento de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética, que prevé procurar en los próximos siete años un ahorro de alrededor de 400.000 toneladas equivalentes de petróleo (tep) y crea un certificación energética obligatoria para la construcción y la industria en determinados casos, se pondrá en marcha en tres meses.
La norma, que fue aprobada en Consejo de Gobierno el 31 de mayo, ha dado este jueves un paso más para supuesta en marcha con la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que recoge su entrada en vigor dentro de tres meses, según la información recogida por Europa Press.
El decreto fija objetivos concretos y plazos para la implantación de sistemas constructivos eficientes y el uso de energías renovables en edificios e instalaciones industriales; la utilización de biocarburantes en el transporte, y el aprovechamiento energético del biogás que se genera en los centros de producción y gestión de residuos.
En ete marco, la norma propiciará durante los próximos siete años un ahorro energético de 77.000 toneladas equivalentes de petróleo (tep) en la edificación y de 211.000 en el sector industrial. Por su parte, las medidas relativas a biocarburantes facilitarán la sustitución de 100.000 tep de combustibles convencionales.
La consecución de estos objetivos se acreditará, entre otros instrumentos, a través de la nueva figura del Certificado Energético Andaluz, que será imprescindible tanto para el otorgamiento de autorizaciones y licencias como para la puesta en servicio de las instalaciones y el suministro energético. La certificación correrá a cargo de técnicos competentes u organismos colaboradores de la Administración, dependiendo de las características concretas de cada edificación o instalación.
VALIDEZ DE DIEZ AÑOS
En los dos ámbitos, los certificados tendrán una validez de diez años. Para asegurar el mantenimiento en el tiempo de los niveles de eficiencia y ahorro acreditados, el decreto regula la figura de los planes de gestión, que deberán desarrollarse en edificios de gran consumo –con una potencia térmica de instalaciones comunes superior a 70 kw– y en todas las industrias incluidas en el ámbito de la regulación.
En el caso de la edificación, los niveles de eficiencia necesarios para el certificado se calcularán siguiendo la metodología prevista en la normativa básica estatal y deberán alcanzar, como mínimo, la ‘categoría D’ definida en la misma. Los requisitos se exigirán a los edificios de nueva planta, a la totalidad de los del sector público andaluz, incluidos los antiguos, y a aquellos ya existentes cuya ampliación o reforma suponga incrementar en más del 30 por ciento el consumo de energía primaria, ampliar en más de 1.000 metros cuadrados la superficie útil o renovar más del 25 por ciento de los cerramientos. Para los casos en que no sea obligatoria la certificación, se prevé el establecimiento de incentivos económicos y tributarios dirigidos a la adopción voluntaria de medidas.
Respecto a la industria, los requerimientos serán aplicables en todas las instalaciones nuevas a partir de umbrales de consumo anual definidos para cada sector y fijados por defecto en las 250 tep o en su equivalencia de suministro eléctrico en alta tensión estimado de 1.250 kw. El certificado se exigirá también a los proyectos de ampliación que supongan incrementar en un 30 por ciento el consumo de energía primaria, siempre y cuando se rebasen los umbrales mínimos.
OBLIGATORIEDAD DE BIOCARBURANTES Y BIOGÁS
El decreto establece también la obligatoriedad del uso de biocarburantes en las flotas de autobuses de servicio público de transporte regular de viajeros y en los vehículos de la Junta y sus organismos autónomos.
Para las flotas de autobuses se fijan unas proporciones mínimas del 15 por ciento de biocarburantes sobre el total del combustible en el horizonte del año 2012 y del 20 por ciento en 2020. En los casos de los servicios de transporte de viajeros que circulan por el interior de espacios naturales protegidos y del parque de vehículos de la Junta, estos porcentajes se amplían al 20 por ciento en el primer plazo y el 30 por ciento en el segundo.
Asimismo, el decreto establece y regula la obligación del etiquetado de las características de los biocarburantes que se distribuyen al por menor, así como de su proporción cuando van mezclados con combustibles convencionales.
Finalmente, la norma obliga al aprovechamiento energético del biogás que se genera en instalaciones de producción y gestión de residuos, así como en vertederos cuando su potencial sea superior a los diez millones de kwh/año.

Actualidad, Energías Renovables, Política

Las eléctricas podrían reducir la producción renovable para elevar precios

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) considera que en la actual regulación existe el riesgo de que las compañías eléctricas con potencia tanto de renovables como de fuentes ordinarias reduzcan la producción de las primeras para forzar una mayor señal de coste de las segundas y, con ello, elevar el precio de mercado.

Ante esta posibilidad, propone un ajuste regulatorio que consiste en que la prioridad de la que disfrutan las renovables para evacuar la electricidad no se aplique en tiempo real, sino sólo en los procesos de análisis de restricciones en los mercados diarios e intradiarios.
Esta consideración aparece recogida en un informe de la CNE en la que se recogen dos propuestas adicionales a las ya formuladas en los últimos meses para mejorar el mercado de la electricidad.
El regulador asegura que el sistema eléctrico debe movilizar en la actualidad mayores reservas de potencia y mayores servicios de ajuste, y que estos dos esfuerzos provocan un aumento del coste del consumidor.
La causa de estas deficiencias está, según dice, no sólo en “determinados comportamientos” en el mercado o en algunos “descuadres” entre la energía programada y la finalmente demandada, sino también en la “preferencia en la evacuación de energías renovables”.
Sobre este aspecto centra su primera propuesta, en la que advierte de que “la prioridad de evacuación podría llevar a un agente relevante, con energías renovables y convencionales, a realizar ofertas en el mercado diario con programa reducido en la parte renovable, con la intención de elevar el precio de este mercado”.
INCENTIVOS PARA EL BOMBEO
La segunda recomendación del organismo consiste en la necesidad de crear mecanismos que atraigan inversiones para el almacenamiento de energía, las turbinas de gas y las centrales de bombeo, que son las que elevan el agua utilizada en saltos hidraúlicos para su nuevo uso.
El Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (Paner) recoge un aumento de 3.200 megavatios (MW) en la potencia de bombeo en 2020, hasta 5.700 MW. La CNE se pregunta “si los incentivos netos que estas instalaciones perciben en la actualidad pudieran resultar suficientes”.
CONSEJERO DISCREPANTE
Las dos nuevas propuestas del regulador energético han sido aprobadas por cuatro votos a favor, tres en contra y una abstención. Además, uno de los consejeros, Jorge Fabra, ha emitido un voto particular en el que expresa su rechazo a la propuesta relacionada con la eliminación de la preferencia de evacuación de las renovables a tiempo real.
Fabra lamenta que la casación en el mercado eléctrico sea cada vez más “fantasmal” y que esta circunstancia provoque “un aumento de los costes reconocidos que soportan los consumidores”.
El consejero también discrepa de la propuesta de la CNE de que las propias energías renovables, y no sólo los consumidores, participen del coste de ajuste de la generación para integrar estas fuentes.

Actualidad, Energías Renovables, Política

El Ministerio de Industria y el BEI ponen en marcha un fondo para fomentar la inversión en renovables y eficiencia energética.

El fondo busca facilitar la financiación a proyectos de eficiencia energética y uso de energía renovable en Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Melilla y la Región de Murcia.

El fondo JESSICA tendrá un capital inicial de 127,6 millones de euros con cargo a diez Programas Operativos Regionales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea. FEDER aportará 87,8 millones de euros de este capital.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) han concluido un Acuerdo de Financiación para poner en marcha un Fondo de Cartera JESSICA destinado a financiar proyectos de eficiencia energética y uso de energías renovables y que supone una novedad en la utilización de fondos estructurales de la Unión Europea.
La firma del acuerdo ha tenido lugar hoy en Madrid con la participación de la vicepresidenta del BEI, Magdalena Álvarez Arza, y el secretario de Estado de Energía, en calidad de presidente del IDAE, Fabrizio Hernández Pampaloni.
La vicepresidenta del BEI, Magdalena Álvarez Arza, ha destacado “el efecto multiplicador de la iniciativa JESSICA, lo que permitirá aumentar el volumen de financiación para proyectos que contribuyen a una mayor eficiencia en el uso de los recursos energéticos y a un crecimiento más sostenible, en línea con los objetivos del BEI y de la Unión Europea” Asimismo, la vicepresidenta ha señalado “la capacidad de estos instrumentos para contribuir a la generación de empleo y la recuperación económica a través de la dinamización de un sector muy innovador en el que España es referencia a nivel internacional.”
Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Fabrizio Hernández Pampaloni, ha subrayado “el carácter innovador de esta fórmula financiera destinada a las áreas de eficiencia energética y renovables”.
El acuerdo firmado hoy establece los mecanismos de funcionamiento del Fondo, que será gestionado por el BEI y cuya dotación inicial asciende a 127,6 millones de euros. Las aportaciones al capital del FIDAE –Fondo de Inversión en Diversificación y Ahorro de Energía- proceden de los Programas Operativos Regionales del FEDER 2007-2013 de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Melilla y la Región de Murcia, en cuyos territorios se realizarán las inversiones.  De ellos, 87,8 millones de euros provienen del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.
Los recursos disponibles se canalizarán a través de Fondos de Desarrollo Urbano (FDUs), gestionados por entidades financieras que actuarán como intermediarias seleccionadas conforme a una convocatoria pública, que se lanzará tras la puesta en marcha del Fondo. Los productos financieros que podrán utilizar podrán adoptar la forma de préstamos principalmente, así como capital riesgo y préstamos participativos.
Las inversiones elegibles para la financiación mediante este mecanismo serán proyectos de eficiencia energética, energías renovables y transporte limpio en los sectores de Edificación, Industria, Transporte e Infraestructuras de servicios públicos relacionados con la energía.
En los órganos de decisión y gobierno del Fondo participarán representantes de las Comunidades Autónomas anteriormente mencionadas y el IDAE.
Con este Fondo se pretende además realizar un efecto apalancamiento sobre la financiación privada, de tal manera que se espera que a finales de diciembre de 2015 la inversión total pueda alcanzar hasta 600 millones de euros.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución de financiación a largo plazo de la Unión Europea (UE), al servicio de los objetivos europeos. Creado en 1958, opera en 27 Estados miembros de la UE y en más de 130 terceros países de todo el mundo.
JESSICA son las siglas del Programa Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Apoyo europeo conjunto a la inversión sostenible en zonas urbanas). Se trata de una iniciativa desarrollada por la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones en colaboración con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, que permite a los Estados miembros utilizar una parte de las ayudas de la UE (los denominados Fondos Estructurales) para realizar inversiones reembolsables en el ámbito urbano.

Actualidad, Energías Renovables, Política

Bruselas concederá 146 millones de euros para financiar proyectos de ahorro energético y de renovables

La Comisión Europea puso en marcha el Fondo Europeo de Eficiencia Energética (EEE-F), dotado con 146 millones de euros, para financiar proyectos que fomenten el ahorro de energía y la utilización de fuentes renovables y que en su primera etapa contará con un total de 265 millones de euros.

Este nuevo instrumento esta financiado con fondos procedentes del programa energético europeo de recuperación, que fueron movilizados en 2009, pero no pudieron ser otorgados a proyectos de forma inmediata, puesto que finalmente no se llevaron a cabo.
Su dotación equivale al 3,7% del presupuesto total de la dotación total del programa energético europeo para la recuperación (EEPR), señaló la Comisión Europea.
Bruselas explicó que el nuevo fondo financiará proyectos sobre todo en entornos urbanos y que supongan al menos un 20% de reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2).
La nueva herramienta incluirá productos financieros como préstamos, garantías y participaciones para autoridades locales, regionales y nacionales con vistas a promover las inversiones en energía sostenible.
Además de la aportación de Bruselas, el Banco Europeo de Inversiones dará 75 millones de euros, dos entidades financieras italianas (Cassa Depositi y Prestiti SpA) invertirán 60 millones y Deutsche Bank otros cinco. El Ejecutivo comunitario espera otras contribuciones más adelante de entidades financieras de otros Estados miembros, así como apoyos tanto del sector privado como del público, para aumentar la capacidad del fondo.

Actualidad, Energías Renovables, Política

El insaciable oligopolio energético

Antonio Morales, Alcalde de Agüimes, no sólo se queja el sector fotovoltaico del oligopolio energético, organizaciones de consumidores, la Comisión Nacional de la Energía o la Comisión Nacional de Competencia
No es la primera vez que escribo sobre el lobby eléctrico, su tremendo poder y control sobre el Estado y sobre el sometimiento de la ciudadanía, indefensa, a sus desafueros. En distintas ocasiones he publicado diferentes textos acerca del enorme control que han ido adquiriendo estas empresas -muchas de ellas extranjeras e incluso de propiedad de otros Estados-  sobre los partidos políticos y los gobiernos de turno, desde que fueran privatizadas en 1996 por José María Aznar, precursor de una política neoliberal que  ahora nos asfixia.  La imposición de los ciclos combinados, el ataque a las renovables y su lucha para reducir las primas a estas energías limpias (menos costosas que las que se pagan al gas o al carbón, por ejemplo), su larga batalla para frenar la democratización de la energía e impedir, entre otras, la generación cercana (que continúa frenada por el Gobierno español) no son sino unas cuantas muestras de su insaciabilidad.
No es la primera vez, por tanto, que comento las durísimas acusaciones que desde organizaciones de consumidores, la Comisión Nacional de la Energía o la Comisión Nacional de Competencia se han lanzado contra el oligopolio energético e, incluso, me he referido varias veces a las numerosas sanciones a las que han tenido que hacer frente por prácticas fraudulentas para enriquecerse ilícitamente a costa de los recibos de la luz o para forzar el aumento de las tarifas eléctricas de manera ficticia y fullera.
Pero al final todo queda en un mero desahogo, porque cada cierto tiempo las malas prácticas, el abuso a los consumidores, el ninguneo a los gobiernos y la claudicación de estos se reproducen vergonzosamente para timarnos a todos sin el menor recato. Y eso es lo que ha sucedido en los últimos días con la subida forzada del recibo de la luz a varios millones de hogares españoles.  Con la aquiescencia del Gobierno, claro está.
En apenas veinticuatro meses la factura de los clientes de las eléctricas españolas se ha elevado por encima de un 50%;  la penúltima subida fue de un 10% en el mes de enero pasado. Pues bien, a pesar de las múltiples promesas del ministro Sebastián de que ya no habrían más aumentos en esta legislatura, lo cierto es que hace unos días nos hemos vuelto a encontrar con otro incremento de un 1,5% del precio de la luz, nada más y nada menos porque a los señores del trust energético se les antojó y, además, realizando todas las trampas del mundo.
El pasado día 13 de mayo, la CNC, fruto de una investigación puesta en marcha en 2009, imponía a las eléctricas que actúan en España la mayor multa que se les ha inferido hasta la fecha. Así Endesa (26 millones), Iberdrola (21,6 millones), Gas Natural Fenosa, E.ON España e Hidroeléctrica del Cantábrico tendrán que apoquinar entre todas un total de 61 millones de euros “por prácticas de cártel”. También en estos momentos  Competencia investiga que entre 2004 y 2008 estas empresas han acudido al mercado de restricciones de manera normalizada cuando es un mecanismo que solo se puede utilizar en casos de emergencia (cuando se produce una limitación de la capacidad de la red de transporte de energía por accidentes, tormentas, etc)  pues el precio retribuido es mucho más alto y así elevan torticeramente las tarifas produciéndoles miles de millones de euros de ganancias. Igualmente, el organismo de control de la competencia en España se propone comunicar a  Bruselas y sancionar a las eléctricas por convertir en papel mojado y obstaculizar “con una estrategia de coordinación” el proceso de liberalización del suministro de energía a los clientes, a pesar de que el Tribunal supremo ha anulado recientemente el Real Decreto que otorgaba exclusividad, a través de la Tarifa de Último Recurso (TUR) a las cinco grandes eléctricas que operan en España.
También la CNE advertía, a principios de junio de este año, sobre “determinados comportamientos encaminados a elevar el precio del mercado de la electricidad” que consistiría en dejar de producir con renovables, en los días de la subasta que marca los precios,  para insistir en las térmicas de gas y carbón, mucho más caras. Esta comisión reguladora ha iniciado un expediente sancionador al contemplar “con preocupación la evolución del coste de la electricidad, porque  los precios en las horas valle se están nivelando con los de las horas punta, creando una señal distorsionada a la eficiencia de cara al consumidor”. Paradójicamente, algunas de estas empresas nos esquilman para llevarse el dinero de España porque son propiedad de estados extranjeros como Alemania (E.ON) o Italia (Endesa).
Pura estafa y nada más que estafa ante nuestros ojos con la complicidad de los que tienen que atajarla. Me refiero al Gobierno, a la oposición, al Parlamento… Y encima  a estos jetas no se les ocurre otra cosa que afirmar hace unos días, por mediación de Eduardo Montes, el presidente de la patronal Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), que “no me atrevería a decir cuánto, pero estoy convencido de que el Gobierno deberá subir más los peajes de la electricidad para corregir el problema del déficit de tarifa”. También los italianos de  Endesa han vuelto a insistir, con toda la cara del mundo, en que se debe subir un 20% más la parte regulada del recibo y, al tiempo, anuncian culminar antes de 2015 las bajas voluntarias incentivadas de 3.600 trabajadores –que pagaremos todos- para que su plantilla no tenga por esas fechas a nadie de más de 60 años.
Y claro, mientras tanto, asistimos impertérritos a la noticia de que el Ibex ganó la semana pasada un 7%; que 21 empresas (algunas eléctricas) del Ibex tiene filiales en paraísos fiscales; que el sueldo medio de los consejeros ejecutivos y principales directivos de estas empresas superó el millón de euros en 2010; que los emolumentos de sus grandes directivos han pasado de 40 a 400 veces el salario medio; que Endesa pagará 1077 millones de dividendo e Iberdrola repartirá 55 millones entre 350 directivos; que las 35 empresas más importantes del Ibex han ganado 49.881 millones de euros, un 24,5% más que el año anterior; que Endesa ganó en el último año 4.129 millones (un 20% más), Iberdrola 2.780 millones y Gas Natural Fenosa 1.201 millones.
Y  entonces ¿por qué la señora ministra Salgado, en vez de poner –como se hace en otros países europeos- un impuesto especial a las eléctricas que ganan tanto nos vuelve a subir la electricidad en un 1,5%, el gas natural en un 5,7% y el butano en un 5,7% en contra de la opinión de otros  ministros como Sebastián, Pajín, Gómez o Aguilar? ¿Tendrá que ver acaso que Pedro Solbes, Miguel Roca y José María Aznar son consejeros de Endesa- Enel, que Felipe González  y Narcís Serra lo son a su vez de Gas Natural Fenosa, que Miguel Boyer lo es de Red Eléctrica, que Josep Borrell pertenece a Abengoa, que Josu Jon Imaz es presidente de Petronor, que el expresidente valenciano del PP José Luis Olivas es consejero de Iberdrola, o que Luis Carlos Croissier es consejero de Repsol, etc, etc…?
Claro que, para rematar la jugada, nos enteramos esta misma semana por el INE que el ahorro familiar se desplomó en el primer trimestre de este año colocándose en un 4,4% de su renta disponible, casi la mitad que en el mismo periodo del año pasado (8,1%) y que con respecto al cuarto trimestre de 2010, la tasa de ahorro de los hogares españoles se ha desplomado en quince puntos. Unos tanto y otros tan poco. Como ven, pura equidad e igualdad. La propia de un sistema democrático, como debe ser.